Con fecha 20 de abril de 2018 la AP de Las Palmas ha dictado Sentencia por medio de la cual resuelve un recurso de apelación interpuesto por un consumidor hipotecario contra una Sentencia de primera instancia que, entre otros pronunciamientos, desestimaba la nulidad de la comisión de apertura del préstamo que ascendía a 1.189,26 €.

Así, esta sentencia acoge la pretensión de nulidad de la cláusula que imponía la comisión de apertura por considerar que no se corresponde con ningún servicio efectivamente prestado por la entidad, la cual, para justificar la procedencia de dicha comisión alegó que “(…) el banco debe solicitar a la Central de Riesgos del Banco de España (CIRBE) los datos de solicitantes y avalistas, y analizar y estudiar esos datos, al igual que ocurre con los ficheros de insolvencia patrimonial, tiene que solicitar y revisar la documentación que acredita la capacidad económica de los solicitantes y de los avalistas, solicita tasación del inmueble o inmuebles a hipotecar, la oficina bancaria tiene que elaborar y someter a aprobación del comité de riesgos de la entidad la propuesta de riesgos, finalmente, debe redactar el contrato y contacta con la notaría para la formalización de la operación. (…)”.

Pues bien, a juicio de la Audiencia Provincial de Las Palmas, todo lo anterior no justifica el cobro de dicha comisión, pues la recepción de la solicitud de préstamo y todo el estudio previa para valorar la concesión del mismo, de  por sí, no proporcionan ningún servicio al cliente y por esa razón no cabe su retribución.

Entiende la Audiencia Provincial de Las Palmas que toda esa actividad es inherente a al negocio bancario y que no deben sufragarse a costa de los prestatarios.

Por tanto entendida dicha comisión como retribución del servicio que supone poner a disposición del cliente bancario el nominal del préstamo, no acierta nuestra Audiencia Provincial a comprender qué servicios se le otorga al cliente bancario, pues el contrato de préstamo se perfecciona con la entrega del dinero.

Si entendemos dicha comisión como gasto (estudio y cuantos otros inherentes a la actividad de la empresa ocasionados por la concesión del préstamo), expresa la AP de Las Palmas que se hace igualmente difícil comprender “…por qué razón lo que motiva al prestamista a contratar debe ser retribuido al margen y además de las condiciones financieras del préstamo (interés ordinario y moratorio)”.

En esta sentencia la AP de Las Palmas hace suyo el criterio sentado por las SSAP de Asturias de las que cita por todas las de las secciones 1ª y 7ª e 2 de febrero de 2018.

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TM92 ABOGADOS.

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