¿Se puede reclamar la devolución de los gastos hipotecarios o la comisión de apertura si ya se demandó judicialmente por la cláusula suelo? La respuesta que da la más reciente jurisprudencia de este país apoyada en doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es SÍ.

La jurisprudencia menor de nuestro país se ha pronunciado en recientes resoluciones de manera reiterada y mayoritaria sobre la inexistencia de cosa juzgada, estableciendo que el hecho de haber interpuesto una demanda por cláusula suelo - o por otra cláusula considerada abusiva - no impide que posteriormente se interponga otra demanda reclamando la declaración de nulidad de cláusulas abusivas diferentes que no fueron objeto del litigio anterior. Todas estas sentencias coinciden en lo mismo, esto es, que el mero hecho de que exista identidad de partes y el pleito verse sobre el mismo préstamo no conlleva per sé la apreciación de cosa juzgada material que excluya la posibilidad de interponer un nuevo procedimiento en el que se dirima la nulidad o no de otras cláusulas insertas en el mismo contrato.

Según la doctrina científica y la jurisprudencia más consolidada, cuando se habla de cosa juzgada - ex. arts. 222 y 400 LEC - se distingue la misma en dos sentidos: como el especial estado jurídico en que se encuentran algunos asuntos o cuestiones por haber sido objeto de enjuiciamiento definitivo en un proceso (se dice de una resolución con fuerza o autoridad de cosa juzgada formal), o como los efectos de determinadas resoluciones judiciales consistentes en una precisa y determinada fuerza de vincular en otros procesos a cualesquiera órganos jurisdiccionales respecto del contenido de estas resoluciones (cosa juzgada material, con su efecto positivo-prejudicial o efecto negativo-excluyente), de tal suerte que son tres los fundamentos de la institución de la “cosa juzgada”:

1.º Evitar que en distintos procesos puedan recaer resoluciones contradictorias.

2.º Que el demandado no pueda ser nuevamente enjuiciado de algo de lo que ya fue en su momento (non bis in idem).

3.º Preservar la seguridad jurídica, otorgando confianza a las partes evitando que se prolonguen indefinidamente las controversias, generándose sucesivas resoluciones sobre la misma Litis.

Así, para que se pueda apreciar la cosa juzgada y con ello sus efectos positivo y negativo, es necesario que entre el primer y el segundo proceso concurran las llamadas tres identidades, esto es, identidad de partes, de objeto y de lo pedido.

Por ello en casos en que un cliente demandó inicialmente la nulidad de una cláusula – por ejemplo, la “cláusula suelo” – nada le impide que pueda iniciar otro procedimiento para instar la declaración de nulidad de otras cláusulas – como por ejemplo, la de gastos y/o de comisión de apertura - , pues no puede entenderse que exista identidad de lo pedido en ambos procesos, aunque obviamente están relacionados entre sí, por existir identidad de partes y referirse a la misma relación negocial.

Y la base de esta afirmación la encontramos  en la doctrina fijada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al señalar, en su reciente Sentencia de 26 de enero de 2017 y que resumimos en los siguientes puntos:

1.º Que procede recordar la importancia que tiene, tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos jurídicos nacionales, el principio de cosa juzgada. Así, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de precisar que, con el fin de garantizar tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la recta administración de la justicia, es necesario que no puedan impugnarse las resoluciones judiciales que hayan adquirido firmeza tras haberse agotado las vías de recurso disponibles o haber expirado los plazos previstos para el ejercicio de tales recursos.

2.º Que el Derecho de la Unión no obliga a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello permitiera subsanar la infracción de una disposición, cualquiera que sea su naturaleza, contenida en la Directiva 93/13, salvo que el Derecho nacional confiera a tal tribunal esa facultad en caso de vulneración de normas nacionales de orden público.

3.º Que la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición nacional, como la que resulta del art. 207 LEC, que impide al juez nacional realizar de oficio un nuevo examen del carácter abusivo de las cláusulas de un contrato celebrado con un profesional cuando ya existe un pronunciamiento sobre la legalidad del conjunto de las cláusulas del contrato a la luz de la citada Directiva mediante una resolución con fuerza de cosa juzgada, extremo este que incumbe verificar al órgano jurisdiccional.

4.º Ahora bien, en el supuesto de que, en un anterior examen de un contrato controvertido que haya concluido con la adopción de una resolución con fuerza de cosa juzgada, el juez nacional se haya limitado a examinar de oficio, a la luz de la Directiva 93/13, una sola o varias de las cláusulas de ese contrato, dicha Directiva impone a un juez nacional, ante el cual el consumidor ha formulado, cumpliendo lo exigido por la norma, un incidente de oposición, la obligación de apreciar, a instancia de las partes o de oficio, cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, el eventual carácter abusivo de las demás cláusulas de dicho contrato. En efecto, en ausencia de ese control, la protección del consumidor resultaría incompleta e insuficiente y no constituiría un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de ese tipo de cláusulas, en contra de lo que establece el art. 7, apdo. 1, de la Directiva 93/13 (véase, en este sentido, la Sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz, C415/11, apdo. 60).

Por su claridad citamos la Sentencia dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 10 de Bilbao de 5 de abril de 2017 que aborda esta cuestión y toma en consideración una anterior Sentencia de la AP de Cádiz, Sección 8.ª de 26 de septiembre de 2016 - que sí apreciaba la concurrencia de cosa juzgada -, para llegar sin embargo la conclusión contraria, apoyándose en la citada Sentencia del TJUE de 26 de enero de 2017 :

"Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que, con posterioridad a estas resoluciones, se ha dictado por el TJUE la sentencia de 26 de enero de 2017, en la que se afirma: La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma nacional, como la que resulta del artículo 207 de la LEC, que impide al juez nacional realizar de oficio un nuevo examen del carácter abusivo de las cláusulas de un contrato cuando ya existe un pronunciamiento sobre la legalidad del conjunto de las cláusulas de ese contrato a la luz de la citada Directiva mediante una resolución con fuerza de cosa juzgada. Por el contrario, en caso de que existan una o varias cláusulas contractuales cuyo eventual carácter abusivo no ha sido aún examinado en un anterior control judicial del contrato controvertido concluido con la adopción de una resolución con fuerza de cosa juzgada, la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que el juez nacional, ante el cual el consumidor ha formulado, cumpliendo lo exigido por la norma, un incidente de oposición, está obligado a apreciar, a instancia de las partes o de oficio, cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, el eventual carácter abusivo de esas cláusulas.

Teniendo en cuenta esta doctrina del TJUE, y dado que en el anterior procedimiento judicial no se examinó el eventual carácter abusivo de la cláusula de repercusión de gastos e intereses moratorios, no cabe apreciar ahora cosa juzgada ni preclusión del artículo 400 de la LEC. Y máxime teniendo en cuenta que la pretensión que ahora se ejercita, si bien pudo plantearse en el procedimiento previo, es distinta de la que fue objeto del anterior proceso".

En línea con lo anterior, manteniendo la inexistencia de cosa juzgada y permitiendo la interposición de demandas de cláusulas abusivas no tratadas en pleitos anteriores se han pronunciado, entre otras, la Sentencia de la AP Cáceres, de 17 de enero de 2018, Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo de 27 de enero de 2017, Sentencia de la AP Palencia de 15 y 17 de noviembre de 2016, la Sentencia de la AP Baleares de 9 de febrero de 2017 y la Sentencia AP Vizcaya de 22 de noviembre de 2017, entre otras.

En conclusión y según los argumentos esgrimidos por las resoluciones anteriormente citadas, en supuestos en los que un cliente haya demandado y obtenido sentencia, por ejemplo, de nulidad de cláusula suelo, nada le impide que pueda reclamar la devolución de sus gastos hipotecarios o de la comisión de apertura. 

No obstante, ninguna reclamación judicial está exenta de riesgo y cada caso debe ser examinado particularmente para valorar si le resultan de aplicación los anteriores argumentos jurisprudenciales.

Puede ponerse en contacto con nosotros clicando aquí.

TM92 ABOGADOS


 

Comment